La paz y las ciudades

El conflicto colombiano se puede leer desde lo que en contrainsurgencia se denomina “lógica territorial del impase”. Esta dinámica ocasiona que, en la práctica, sea casi imposible que un movimiento guerrillero rural derroque al Estado, pero también hace que sea igualmente difícil para el gobierno destruir los movimientos guerrilleros, siempre y cuando confinen sus operaciones en la enorme, remota y poco poblada periferia del país.

Esta caracterización es consistente con el problema de la soberanía en la guerra civil, y la subyacente división del territorio y la población entre zonas controladas por los insurgentes y zonas controladas por los detentadores del poder.

Esa lógica, entre otras variables, expresa el problema de la persistencia de la guerra en el tiempo, y explica el empate militar negativo que llevó al gobierno nacional y a las FARC-EP a negociar políticamente su terminación en la mesa de La Habana.

El acuerdo final refrendado en 2016 refleja ese impase, y tanto el diagnóstico de las causas (subjetivas y objetivas) como la agenda para la transición, centran su intervención en la periferia, que es en donde había que construir “la paz territorial”, de acuerdo con el ex alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo.

Pero las ciudades (y sus periferias), como fenómeno territorial particular, se quedaron por fuera. Más allá de las menciones en pie de página de la relación campo-ciudad, éstas últimas, sus problemas y sus retos no están en el acuerdo. De hecho, parece que los centros urbanos de los municipios priorizados para la ejecución de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, tampoco.

Basta ver el caso de Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral en el cono sur del Tolima, cuya población “urbana” fue excluida del proceso que llevó a la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional suscrito la primera semana de septiembre, y no podrá elegir a sus representes por las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz una vez se aprueben en el Congreso.

Esto es producto de un diagnóstico según el cual las afectaciones de la guerra se centraron exclusivamente en la periferia (relativamente controlada por las FARC-EP) y no en las zonas centrales controladas por el Estado.

Por eso es que, de acuerdo con lo anterior, las ciudades no tienen nada que ver con la “construcción de una paz estable y duradera”, lo cual es una gran equivocación.

La circulación de rentas ilegales, el reclutamiento de jóvenes en las barriadas populares y el desplazamiento masivo de víctimas a las periferias urbanas, son elementos patentes de la relación entre violencia urbana y conflicto armado, y de otro lado, sobre cómo la pobreza y los derechos humanos en el contexto de las ciudades constituyen grandes retos a la paz territorial.

Es en ese sentido que cobra importancia el hecho de que Ibagué tenga como uno de los ejes transversales de su plan de desarrollo la construcción de paz, e impulse políticas y programas en esa dirección en términos de seguridad integral, reconciliación y convivencia.

Andrés Tafur Villarreal

Coordinador del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima